CLAVES DEL PODER PÚBLICO: CÓMO LA INSTITUCIONALIDAD Y LA PROFESIONALIZACIÓN IMPULSAN EL PROGRESO ESTATAL
SUPERHÉROES DE OFICINA: LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En los últimos años hemos visto cómo la falta de confianza en las instituciones del sector público ha aumentado. Si no se trata de trámites innecesarios, hasta en ciertos casos ilógicos, existe una gran sensación de falta de profesionalización y especialización de los servidores públicos. Bueno, antes de continuar hay que poner un alto, he visto, a lo largo de mi carrera, servidores públicos con verdadera vocación, con gran conocimiento en sus ramas y extremadamente profesionales; sin embrago, son la excepción.
Dentro de los principios que rigen a la administración pública establecidos en el art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, destacan tres: eficacia, eficiencia y calidad. Revisemos cada uno:
Eficacia: Se refiere a la capacidad de alcanzar los objetivos y metas propuestas. En el contexto de la administración pública, ser eficaz implica cumplir con las expectativas y requerimientos de la sociedad, logrando los resultados esperados por las políticas, programas y servicios implementados. La eficacia está relacionada con el "hacer las cosas correctas", es decir, asegurar que las acciones del gobierno se alineen con las necesidades y objetivos de la comunidad.
Eficiencia: Este principio se centra en el uso óptimo de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos. En la administración pública, ser eficiente implica maximizar los resultados mientras se minimizan los costos y recursos utilizados, incluyendo tiempo, dinero y mano de obra. La eficiencia se trata de "hacer las cosas de la mejor manera posible", buscando la optimización de recursos y la reducción de desperdicios o gastos innecesarios.
Calidad: La calidad en la administración pública se refiere a la capacidad de ofrecer servicios y realizar funciones de manera que satisfagan o superen las expectativas de los ciudadanos. Esto incluye la prestación de servicios accesibles, confiables, oportunos y pertinentes. La calidad también implica una mejora continua, adaptándose a las cambiantes necesidades y expectativas de la sociedad, así como a los avances tecnológicos y a las mejores prácticas.
Estos principios no son mutuamente excluyentes, sino que se interrelacionan y complementan. Por ejemplo, un servicio público puede ser eficiente en términos de costos, pero si no es eficaz en alcanzar sus objetivos o no cumple con los estándares de calidad esperados, no será considerado exitoso. La gestión pública eficaz busca equilibrar estos tres principios para brindar servicios que cumplan con las expectativas de la sociedad de una manera responsable y sostenible.
EL ADN DE LA EFICIENCIA PÚBLICA: INSTITUCIONALIDAD COMO CLAVE DEL ÉXITO GUBERNAMENTAL
La institucionalidad en el sector público corresponde a todas aquellas normas y procedimientos reglamentados o informales que establecen el marco de actuaciones de los servidores públicos. Juntamente con estas normas, es importante contar con recursos humanos y económicos que pemitan el desarrollo del servicio público en aplicación de los principios que de analizaron previamente. Esto supone que, cuando llegue una nueva autoridad, las normas y procesos se mantendrán, obviamente, siempre con la posibilidad de mejora, al final del día nada es para siempre y la administración pública debe adaptarse a los avances normativos y tecnológicos.
Este es el eje sobre el cual gira la confianza de la ciudadanía. Sin este pilar, los esfuerzos para desarrollar y mantener estructuras gubernamentales efectivas corren el riesgo de desmoronarse ante el menor signo de presión. Es lo que asegura que las decisiones se tomen con base en principios sólidos y no en los caprichos cambiantes de la política o en influencias externas. La institucionalidad es garantía de que los procesos son justos, los recursos bien administrados y las políticas públicas diseñadas con el interés común en mente. No se trata solo de mantener el orden; se trata de construir una base duradera para el progreso y el bienestar de la sociedad.
Para mantener esta robustez institucional, es crucial establecer mecanismos de rendición de cuentas, promover la transparencia y asegurar una meritocracia dentro del servicio civil. La capacitación y especialización del personal son fundamentales para desarrollar la experticia necesaria que respalde una toma de decisiones informada y competente. Además, es imprescindible que exista una continuidad en las políticas públicas, resistiendo la tentación de la reinvención constante con cada cambio de administración. La institucionalidad se nutre de la constancia y la visión a largo plazo, elementos esenciales para que el sector público no solo funcione, sino que prospere y se adapte a los desafíos futuros.
DETRÁS DE CADA GRAN ORGANISMO DEBE EXISTIR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO
La rotación excesiva de personal y la asignación de individuos a roles para los cuales no están especializados representan desafíos significativos en el sector público. No es suficiente contar con individuos talentosos en sus campos; es esencial que su pericia se alinee con el dominio específico de la entidad gubernamental a la que se unen. La seguridad pública y la confianza ciudadana descansan en la permanencia de profesionales especializados que comprendan íntegramente las políticas y procedimientos de sus instituciones. Por ejemplo, sería incongruente asignar a un experto en comercio a una posición de liderazgo en una agencia de seguridad, ya que las estrategias y políticas que desarrolle es probable que no se correspondan con los objetivos centrales de la institución, sino que reflejen su experiencia previa, que aunque valiosa, puede no ser pertinente para las necesidades específicas de la entidad.
La profundidad del entendimiento del sector público es crucial para su funcionamiento eficaz. Experiencias en Ecuador han revelado que colocar a individuos en posiciones de alta jerarquía dentro de instituciones públicas sin un conocimiento sólido o experiencia previa en administración pública suele ser un error. Más allá de la especialización técnica, es vital tener profesionales que entiendan intrínsecamente cómo opera el Estado, con un conocimiento práctico que trascienda la teoría y se adapte a la realidad compleja y dinámica del servicio público. Esto incluye una comprensión de los procesos internos, las relaciones interinstitucionales y la habilidad para navegar el entramado político y administrativo que define al Estado en su conjunto.
La alta rotación de personal en el sector público es una fuente de preocupación constante debido a las consecuencias que acarrea. No solo crea una sensación de inestabilidad entre los servidores públicos, sino que también transmite incertidumbre a los ciudadanos que dependen de sus servicios. Cada cambio de personal reinicia el ciclo de aprendizaje, ralentizando la eficiencia y efectividad con la que se deberían prestar los servicios. Además, la selección de personal frecuentemente se basa en consideraciones personales o políticas más que en méritos técnicos o profesionales, lo cual no beneficia al interés público. Esta práctica de asignar puestos por afinidad personal o política en lugar de por competencia profesional representa uno de los desafíos más críticos y persistentes en la administración pública actual.
LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La falta de institucionalidad en el sector público, agravada por una alta rotación de personal y la falta de especialización, puede tener diversas implicancias:
Pérdida de Continuidad en Proyectos y Políticas: La constante rotación de personal impide la continuidad en la implementación de proyectos y políticas a largo plazo. Sin una estabilidad en el personal, es difícil mantener una línea coherente de acción y lograr objetivos a largo plazo.
Falta de Expertise y Conocimiento Técnico: La escasez de especialistas en áreas clave conlleva a una menor calidad en la formulación y ejecución de políticas. La falta de personal calificado puede llevar a decisiones menos informadas y a la implementación ineficiente de programas.
Debilidad en la Cultura Organizacional: La alta rotación afecta la formación de una cultura organizacional sólida. Las normas, valores y conocimientos que son fundamentales para el funcionamiento eficiente de la organización no se consolidan, lo que afecta el rendimiento y la moral del personal.
Ineficiencia y Aumento de Costos: La constante necesidad de capacitar a nuevos empleados y la pérdida de experiencia acumulada resulta en ineficiencias operativas y aumentos en los costos administrativos.
Vulnerabilidad a la Corrupción y Falta de Transparencia: La falta de personal especializado y experimentado puede aumentar la vulnerabilidad a prácticas corruptas y reducir la transparencia. La rotación frecuente puede facilitar la falta de rendición de cuentas y la supervisión ineficiente.
Impacto en la Confianza Pública: La inestabilidad y falta de especialización en el sector público pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales, percibiendo que no están equipadas para abordar eficazmente sus necesidades y problemas.
Dificultades en la Gestión del Cambio: La adaptación a nuevas tecnologías, regulaciones o cambios en el entorno político y social se vuelve más desafiante sin personal especializado y estable. La falta de expertos dificulta la capacidad de la organización para evolucionar y adaptarse a nuevos desafíos.
Desmotivación del Personal Restante: La alta rotación puede desmotivar a los empleados que permanecen, ya que tienen que asumir cargas de trabajo adicionales o enfrentar constantemente la incertidumbre y la falta de colegas con experiencia.
La falta de institucionalidad y continuidad en el sector público, por lo tanto, no solo afecta la eficacia y eficiencia de la administración pública, sino que también tiene implicaciones más amplias en la confianza y el bienestar social.
EL FACTOR 'WOW' EN LA BUROCRACIA: EL CAMBIO QUE SE NECESITA
Ya que hemos abordado cuáles son los principales problemas en el sector público que impiden alcanzar objetivos que se reflejen en resultados palpables, es importante señalar las soluciones aplicables.
Políticas de Estabilidad Laboral: Implementar políticas que promuevan la estabilidad en el empleo público, limitando la rotación a casos de bajo rendimiento o reestructuraciones fundamentadas.
Sistema de Méritos y Ascensos: Fortalecer los sistemas de contratación y promoción basados en méritos para asegurar que las asignaciones de personal se realicen por competencia y no por afinidad política.
Capacitación Continua: Establecer programas de capacitación y actualización constantes para los funcionarios públicos, asegurando que sus habilidades y conocimientos estén al día con las necesidades actuales de la administración.
Carrera Administrativa Protegida: Crear un sistema de carrera administrativa que proteja a los funcionarios de los cambios políticos, permitiendo la continuidad de los servicios y la acumulación de experiencia.
Transparencia en la Contratación: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación y gestión del personal.
Independencia de la Función Pública: Proteger a los organismos encargados de la gestión del talento humano en la función pública de influencias políticas, garantizando su operación basada en principios técnicos y profesionales.
Planificación de Recursos Humanos: Diseñar una planificación estratégica de recursos humanos que anticipe las necesidades futuras y promueva el desarrollo de talento interno.
Institucionalización de Procesos: Establecer procedimientos estandarizados y protocolos que aseguren la continuidad en la gestión de procesos independientemente de los cambios en el personal.
Auditorías y Evaluaciones Periódicas: Realizar evaluaciones de desempeño y auditorías regulares para identificar y corregir prácticas que contribuyen a la rotación excesiva de personal.
Incentivos al Desempeño: Ofrecer incentivos al personal que demuestre compromiso y desempeño excepcional, fomentando la retención de empleados valiosos.
La estabilidad y la profesionalización son fundamentales para robustecer la institucionalidad en la administración pública de Ecuador. Una menor rotación de personal no solo fomentará la acumulación de conocimiento y experiencia dentro de las entidades estatales, sino que también permitirá la implementación de políticas y programas a largo plazo, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La adopción de sistemas de mérito y capacitación continua asegurará que los funcionarios no solo estén bien equipados para manejar los desafíos actuales, sino que también puedan adaptarse a los cambios y demandas futuras. Asimismo, la transparencia en los procesos de contratación y ascensos contribuirá a disminuir la politización del servicio público, permitiendo que el talento y la especialización sean los verdaderos motores de la administración.
Para que estos cambios sean efectivos y perdurables, es esencial que se implementen con el respaldo de políticas claras y leyes firmes que protejan la integridad y la independencia de la función pública. Esto incluye la protección contra la inestabilidad laboral causada por cambios políticos y la promoción de una cultura de buen gobierno y ética profesional. Al final, la meta es asegurar que los organismos estatales no solo funcionen con eficiencia y eficacia, sino que también sirvan como pilares de una sociedad democrática y equitativa en la que los ciudadanos puedan depositar su plena confianza.
