INNOVANDO LA INTEGRIDAD: ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

Escrito por Alexandra Sierra

“El hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe”

Jean-Jacques Rousseau

La corrupción se ha vuelto noticia de todos los días a nivel mundial. Se encuentra tan naturalizada la acción de corrupción en todos sus niveles, que hasta podría decirse que la sociedad ha dejado de escandalizarse cuando estallan casos al respecto. Cada año, la Organización No Gubernamental Transparency International publica el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial en el sector público según expertos y empresarios, en el cual se puntúa a 180 países en una escala de cero (0) –como corrupción elevada-, a cien (100) –corrupción inexistente. En el documento presentado con el análisis del año 2022, Transparency International establece que la puntuación media en América es de 43/100, demostrando que la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha afectado más que la salud de la población teniendo injerencia en la economía y que la crisis económica mundial es un factor determinante, ocasionando acciones de corrupción como el uso indebido de fondos públicos, inflación de precios en contrataciones, favoritismos, entre otros.  Pero, además de los factores indicados, la ONG ha hecho énfasis en la seguridad y su relación con la corrupción, y ha establecido que:

“La corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionadas. El uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz privándolas de los recursos que necesitan para cumplir ese mandato. Las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad.”[1]

El Ecuador, conforme el estudio mencionado previamente, se encuentra en el número 101 de los países con mayor percepción de corrupción, con una puntuación de 36/100, indicando un alza en el ranking de 5 puntos y una diferencia de puntuación en 3 puntos con referencia al año 2021. Lo indicado, hace pensar que el nivel de corrupción en Ecuador es elevado, y que el paso de los gobiernos no ha cambiado esa apreciación. Hemos vivido recientemente una campaña electoral para elegir al primer mandatario -en un contexto en el que el anterior Presidente dejó una ola de inseguridad-, en la que la totalidad de los candidatos ofreció luchar contra la corrupción; no olvidemos que el campo de acción acuñado durante el mandato del anterior Presidente, Guillermo Lasso, fue justamente el de erradicar la corrupción, sin que se hayan obtenido resultados hasta que hayan satisfecho su cometido, y siendo la mayoría de los denunciados parte de su gabinete o cercanos a ellos, e incluso familiares con escándalos referentes a corrupción que lo llevaron a su salida apresurada.

En este contexto, cabe preguntarse si realmente desde los altos mandos se busca erradicar este mal, o si simplemente se trata de ofrecimientos que calmen a la población y actuaciones que desvíen su atención. Parecería, entonces, que los actos de corrupción inician con las candidaturas de puestos de elección popular, y continúan con la designación de los funcionarios y servidores en las entidades públicas por parte de aquellos que resulten elegidos. Evidentemente esta situación no se puede generalizar, pues existen servidores públicos que realizan su trabajo con honradez y prestando un verdadero servicio a la colectividad, como manda el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador.

Ahora bien, las acciones a tomarse para poder disminuir los índices y percepción de corrupción en el sector público son necesarias en varias esferas: desde la educación en escuelas o brindar un buen ejemplo a las nuevas generaciones desde sus hogares, hasta la creación de políticas públicas que permitan una vida digna a la población. Si bien estos ejemplos se enmarcan en la esfera de la moralidad y del deber ser –pues es obvio que en palabras y textos siempre se propenderá a sancionar los actos de corrupción-, acciones reales y palpables –más allá de los circos mediáticos y juzgamiento a base de “denuncias” por redes sociales-, se hacen inminentes.

Nace de esta manera el World Compliance Association como una entidad internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es juntar profesionales a nivel mundial para la promoción, aplicación y evaluación de las actividades de cumplimiento y el desarrollo de procesos para la protección frente a delitos relacionados con corrupción.[2] Bajo este paraguas, se crea la Norma ISO 37001 de Anticorrupción, cuya implementación se ha considerado de cumplimiento obligatorio en las entidades del sector público ecuatoriano por disposición del Ejecutivo. No obstante, estos intentos por frenar la corrupción siguen quedando en el papel, pues la revisión del cumplimiento de procesos o normas internacionales de calidad por parte de terceros no asegura que en la práctica se esté combatiendo este mal.

Así, para poder crear verdaderas soluciones debemos empezar por entender lo que es la corrupción, siendo este un concepto ambiguo, moralista, casi difícil de explicar. En este sentido, Manuel Villoria menciona que “[a] veces, la corrupción se conecta con la mentira, el abuso de poder o alguna falla de integridad. En otras ocasiones, sin embrago, se usa un término muy preciso y se considera tal solo el abuso de poder que conlleva un beneficio o ganancia económica para el corrupto.[3]” Si el concepto de corrupción es poco claro, y su definición subjetiva, los medios para combatirlo no pueden ser menos. Es en este sentido en el que las soluciones planteadas hasta el momento no han tenido el éxito que se esperaba.

Sobre lo indicado, y entendiendo a la corrupción como el abuso de poder que genere beneficio a quien lo acciona, las propuestas presentadas en el presente documento constituyen acciones más concretas respecto de la realidad nacional y social del servicio público en el Ecuador, que de alguna manera podrían ayudar a disminuir la percepción y realización de actos de corrupción en el sector público, y pueden ser enlistadas de la siguiente manera:

a) Disminución de partidos políticos. La reducción de los numerosos partidos políticos actuales y candidatos podrá cerrar la esfera de elección de la población, quienes podrán enfocarse en verdaderas propuestas de trabajo.

b) Presupuesto tope para campañas electorales, con prohibición de recibir aportes privados y manejo de dichas campañas únicamente por parte del Consejo Nacional Electoral -CNE. Gran parte de la corrupción proviene de los favores o “cuotas políticas” que deben cumplir los funcionarios electos para con quienes aportaron en sus campañas. Si la norma prohíbe aportes privados; y, tomando en cuenta la reducción de partidos políticos y candidatos, y el CNE maneja directamente las campañas de los funcionarios participantes en elecciones, se cerraría esta posibilidad y se usaría el presupuesto justo para que el mensaje llegue a la población sin que exista injerencia de terceros.

c) Barreras de ingreso al sector público basadas en conocimientos técnicos acordes a los puestos de trabajo, sectores y áreas de trabajo. Como se mencionó anteriormente, los aportes privados en campañas llevan a que los funcionarios electos deban cumplir con la entrega de “puestos estratégicos” de aliados de sus inversores; en tal sentido, se pierde la tecnicidad de quienes ocupan esos cargos, y por ende disminuye la calidad del servicio público. Ello también implica la realización de favores de quienes ocupan los puestos antes mencionados con sus patrocinadores. Pero, si se cierran las barreras de ingreso, sea cual fuere el cargo, incluso de libre remoción, y se eliminan los aportes privados de campañas, se puede disminuir el riesgo analizado.

d) Despolitización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este poder del Estado debe estar lejos del manejo político para que pueda cumplir su verdadero rol y permitir al mandante que realice las veedurías necesarias y participe activamente en las actuaciones de las entidades estatales. Dotar al pueblo de verdadera capacidad de denuncia y permitir el control ex ante, concurrente y ex post de los proyectos y acciones del Estado es imperante para disminuir los casos de posible abuso de poder.

e) Manejo de sueldos dignos y fidelización de servidores públicos con sus instituciones. Para ello, será necesaria la reducción del aparato estatal, dejando activas aquellas entidades y puestos de trabajo estratégicos, sin que existan duplicación de funciones. De esta manera se permitirá a los servidores públicos a acceder a sueldos dignos, de tal manera que no tengan que acudir a actos de corrupción para lograr el buen vivir. Lo indicado va de la mano con verdadera inversión en un sistema de salud y de ecuación funcionales, gratuitos, con colaboración del privado que permita cubrir los fondos necesarios. La creación de incentivos y seguridad en la relación laboral es una manera de fidelizar al servidor público, permitiendo que cree un vínculo entre éste y la entidad a la que pertenece, de tal manera que busque su permanencia y por lo tanto el bienestar de la entidad, disminuyendo así el riesgo de realizar actos de corrupción.

f) Disminución de tipos de procedimientos de contratación pública y reglas objetivas para estas contrataciones; y, quitar la potestad normativa al Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP. La enorme cantidad de procedimientos precontractuales existentes en la normativa del actual Sistema Nacional de Contratación Pública, deja un alto margen de discrecionalidad al elegir a los proveedores estatales. La mayoría de los países a nivel mundial, cuentan con un máximo de 5 tipos distintos de procedimientos, mientras que en el Ecuador se pueden encontrar hasta 34 tipos de procedimientos. El reducir el campo de acción, y objetivar la elección, requisitos y desarrollo de los procedimientos, permitirá reducir el campo subjetivo de acción de las entidades contratantes, que es donde se realizan la mayor cantidad de actos de corrupción. Por su parte, el SERCOP, a través de la emisión de normativa secundaria, cambiante constantemente y extremadamente contradictoria, crea confusión y subjetividad en el desarrollo de los procedimientos de contratación; así, al eliminar esta potestad normativa, y reforzar la ley y reglamento de la materia, se podrá contar con parámetros más objetivos de acción.

g) Acompañamiento verdadero del SERCOP y de la Contraloría General del Estado –CGE, en el desarrollo de los procedimientos de contratación pública, como veedores obligatorios. Ambas entidades de control pueden realizar acompañamiento ex ante, concurrente y ex post de los procedimientos de contratación pública llevados a cabo por las entidades contratantes, de tal manera que a través de personal especializado se pueda asesorar y se desarrollen los mismos con el mínimo error posible, así como disminuye la capacidad de realizar actos de corrupción al ser dichos procedimientos revisados constantemente por los entes antes indicados.

h) Normar las actividades de los denominados lobbistas. El lobby es una actividad realizada por personas que forman parte de grupos de poder, a través de los cuales se presiona a las entidades y servidores en sus distintos niveles para la consecución de objetivos planteados por sus clientes. Este tipo de actividades muchas veces puede llevar a la realización de actos de corrupción auspiciados por estos terceros. En tal sentido, y al ser evidente que no es posible erradicar esta actividad, se considera necesaria normarla, de tal manera que se pongan limitaciones al grado de participación de estos lobistas en relación con las decisiones que tomen funcionarios y servidores públicos. En este contexto, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, ha emitido un Código de Buenas Prácticas para los Lobbistas, con la esperanza de controlar dicha gestión.   

Las consecuencias de la corrupción son tan catastróficas como un mal Gobierno. No solo existen repercusiones a nivel económico, sino también a nivel social; pero, la afectación más directa es aquella relacionada con la desconfianza en el sistema democrático, lo que hace notar –desde la visión del ciudadano- que los partidos políticos y los candidatos electos llegan a puestos de poder o decisivos con el único propósito de su beneficio propio. La representación ciudadana, sea directa o indirecta, supone la necesidad de contar con candidatos aptos, que puedan atender las necesidades de sus mandantes; sin embargo, ello se ve distorsionado en la medida en la que la precepción de corrupción en el sector público aumenta.  La necesidad de un cambio se torna cada vez más evidente.

Finalmente, cabe hacer una aclaración respecto de la imposibilidad de erradicar de manera completa con la corrupción, pues ello constituye una utopía dentro de un contexto humano que ha naturalizado este comportamiento, tal como se indicó al inicio de este análisis. Sin embargo, es preciso levantar las voces y las acciones de quienes se esfuerzan día a día por cumplir con sus deberes en el sector público, y se ven ajenos a este mal que corrompe a las instituciones estatales, hacer ver que existen funcionarios que tienen verdadera vocación de servicio, vitorearlos, hacer de ellos ejemplo y enseñar a las generaciones futuras que existen personas que aún se rehúsan a sucumbir y que no permitirán que la sociedad los corrompa.

En lugar de poner toda nuestra atención en lo corrupto, denunciemos aquellos actos sin miedo, pero enfoquémonos es las acciones buenas y generemos un ambiente de confianza en los ciudadanos, solo así podremos cambiar la cultura que nos absorbe en este momento, y ver un futuro prometedor. 

Bibliografía


[1] (Transparency International 2022)

[2]  (MAD World Compliance Association)

[3] Manuel Villoria, Combatir la corrupción, (Barcelona: Editorial Gedisa S.A, 2019), 5.

Alexandra Sierra
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