¡ENCENDIENDO MOTORES DE ECONOMÍA! DESCUBRE CÓMO EL DERECHO ADMINISTRATIVO INYECTA COMBUSTIBLE AL DESARROLLO

¡LISTOS PARA DESPEGAR! PREPARÁNDONOS PARA EL VIAJE ENTRE DERECHO ADMINISTRATIVO Y ECONOMÍA

En la autopista del desarrollo económico, el Derecho Administrativo puede ser el vehículo que nos impulse a velocidades estratosféricas. ¿Cómo? En el marco jurídico ecuatoriano, es precisamente la administración pública la que tiene la capacidad de estructurar y orientar la actividad económica del país. La Constitución del Ecuador, en su Artículo 284, establece como uno de los objetivos del régimen económico la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo y el incentivo en la producción nacional, y, sin lugar a dudas, la administración pública es uno de los pilares para alcanzar esta meta.

El presente artículo se propone desentrañar la relación íntima y fundamental entre el Derecho Administrativo y el desarrollo económico en el contexto de la normativa ecuatoriana. Sumérgete con nosotros en este fascinante recorrido por la normativa y las políticas públicas que buscan, desde la administración, impulsar la economía y garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en nuestro querido Ecuador. ¡Abróchate el cinturón y prepárate para este emocionante viaje jurídico-económico!

MARCANDO EL MAPA: RASTREANDO LA ECONOMÍA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA

¿Alguna vez has pensado en la legislación como un mapa del tesoro escondido en un intrincado laberinto de letras y números? En Ecuador, la Constitución y las leyes son el mapa que nos guía hacia las oportunidades económicas. Como los exploradores valientes que se lanzan a la selva en busca de tesoros ocultos, nos adentraremos en el laberinto de la legislación ecuatoriana. ¿El objetivo? Encontrar esos valiosos tesoros legales que pueden transformar nuestra economía. ¡Agarra tu brújula legal y únete a esta emocionante aventura!

La Constitución del Ecuador y sus leyes relacionadas establecen claramente el papel del Estado en la promoción de la economía. Por ejemplo, el artículo 283 de la Constitución especifica que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Esto establece las bases para entender cómo nuestras leyes y regulaciones administrativas pueden ser utilizadas para fomentar un crecimiento económico equitativo. La política económica, cuyos objetivos se encuentran plasmados en el art. 284 Constitucional, marcan el camino que debemos seguir, en el cual la meta es la redistribución de la riqueza y el incentivo a la producción nacional, dentro del contexto de la soberanía económica.

¡La Constitución ecuatoriana actual es el mapa del tesoro de la economía social!. No es simplemente una pieza de papel llena de palabras, es un mapa del tesoro legal, brillante con oportunidades económicas que aguardan ser descubiertas. Se caracteriza por contener, de manera transversal, derechos y principios que se encaminan a promover el desarrollo sostenible del país. En este contexto, el marco normativo que pretende ejecutar los principios y políticas económicas establecidas en la Norma Suprema se han caracterizado por regular los ingresos, gastos, planificación y control de tal manera que tengan una relación directa con el ejercicio de los derechos y encaminarlos al desarrollo del sistema social y solidario.

Un ejemplo es la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que a través de sus resoluciones genera un marco normativo de regulación de sus actores, pero que ademán presenta incentivos para el sector. En el caso específico, los actores de la EPS son controlados por esta Superintendencia (en lugar de la Superintendencia de Compañías) y su régimen tributario es preferencial, tienen, por ejemplo, excención del pago de impuesto a la renta, siempre que las utilidades obtenidas se reinviertan en la organización. Podemos entender que este tipo de organizaciones cumplen con el objetivo de producción nacional y valor agregado, por lo que es una política de Estado promover y generar interés en su creación y desarrollo.

Ahora bien, es importante considerar que en Ecuador, la Constitución diferencia el régimen de desarrollo del sistema económico, siendo el primero la brújula que marca, no solo las políticas económicas, sino también las sociales, culturales, ambientales y del buen vivir. Es así que el régimen de desarrollo se convierte en la guía que indica el camino económico del Ecuador; su objetivo principal, es mejorar la calidad de vida y construir un sistema económico democrático, productivo, solidario y sostenible, entre otros.

EL PILOTO INVISIBLE: ¿CÓMO EL DERECHO ADMINISTRATIVO PILOTEA LA NAVE DE LA ECONOMÍA?

Entonces, hemos visto como el sistema económico se moviliza a través del régimen de desarrollo establecido en la Constitución; pero ¿Quién pilotea la nave?. La respuesta es simple: el Derecho Administrativo. Sí, la clave principal para el manejo económico se encuentra determinado en la Norma Suprema, pero los pasos a seguir los determinan las leyes y normas administrativas. De esta manera, toda disposición que pueda emitir una entidad pública, por ejemplo el Servicio de Rentas Internas, o el Servicio Nacional de Contratación Pública, incluso la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, deben estar alineados con este régimen de desarrollo y sistema económico.

Tal es así, que en el caso específico del régimen tributario, la recaudación de impuestos debería considerar criterios de equidad y equilibrio; los ingresos estatales permanentes deberían solventar los gastos permanentes del Estado; en las asignaciones de presupuesto -realizadas cada año por el Presidente de la República y aprobadas por la Asamblea Nacional- se debería priorizar al sector de la salud, educación, ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo se materializa todo ello? A través de Decretos, Leyes, Reglamentos y normas administrativas que permitan su ejecución.

Pero más importante aún, ¿Quién vigila que ello se cumpla?. Además de los organismos de control, la ciudadanía tiene el deber de exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos, en la recaudación y asignación de presupuesto, tiene el poder de determinar si las normas y actuaciones realizadas por los entes y funcionarios públicos concuerdan con el régimen de desarrollo y sistema económico; y tienen el poder de utilizar los mecanismos legales correspondientes para exigirlo. La cudadanía no es un mero espectador. ¡Si el Derecho Administrativo es el piloto de esta nave, la ciudadanía, sin duda alguna, es su Capitán!.

Es así que la administración pública tiene una influencia considerable en la economía, ya que define y regula los parámetros en los que se desarrolla la actividad económica. Desde el otorgamiento de permisos y licencias hasta la contratación pública, el derecho administrativo puede guiar el desarrollo económico, creando un entorno favorable para los negocios y promoviendo la inversión.

TURBULENCIAS Y CIELOS DESPEJADOS: NAVEGANDO LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LA ECONOMÍA

A pesar de su potencial, la intersección del derecho administrativo con la economía no está exenta de dificultades. Un exceso de regulación puede frenar la innovación y la inversión, mientras que una regulación insuficiente puede llevar a la explotación y la desigualdad. Sin embargo, estas mismas tensiones también representan oportunidades para reformas inteligentes que puedan equilibrar las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

Ahora, imaginemos que somos capitanes de barco navegando en aguas económicas. Como en cualquier aventura marítima, no todo son mares tranquilos y vientos a favor. En ocasiones, nos enfrentamos a tormentas económicas, icebergs de burocracia y corrientes de cambio político. ¡Pero no te preocupes, marinero administrativo! El barco del Derecho Administrativo está diseñado para resistir estos desafíos.

Entre los escollos, podríamos encontrar regulaciones que, aunque bien intencionadas, pueden dificultar la agilidad económica. También están los desafíos de ejecución de políticas públicas, donde, a veces, la brecha entre la teoría y la práctica puede ser más ancha que el Canal de Panamá. 

Pero, ¿y si te digo que en medio de estas tempestades también encontramos islas de oportunidades? ¡Correcto! Por ejemplo, el Código Orgánico Administrativo de Ecuador promueve la transparencia y la eficiencia, lo que genera confianza y atrae inversiones, así como establece una serie de mecanismos que permiten a los ciudadanos establecer un control, reclamar o denunciar en caso de ser necesario; la Ley Orgánica para Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera, tiene una serie de ayudas tributarias para fomentar la participación privada. Además, la correcta implementación de políticas públicas puede convertirse en un faro de desarrollo económico, iluminando el camino para navegar hacia un futuro económico prometedor.

Así que, ¡mantén el timón firme y las velas listas! Juntos, vamos a explorar cómo podemos transformar los desafíos en oportunidades para mantener nuestra economía navegando en la dirección correcta.