LA ARQUITECTURA DEL CONSENSO: EL ROL CRUCIAL DE LA ASAMBLEA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
LA ASAMBLEA NACIONAL: ARQUITECTA DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA
Imaginemos la normativa administrativa como un gran edificio que alberga las innumerables operaciones del Estado. La Asamblea Nacional es el arquitecto maestro, trazando los planos y diseñando cuidadosamente cada espacio para que funcione con precisión. Cada ley que pasa por sus manos es como un ladrillo colocado estratégicamente, o un pilar que sostiene las prácticas administrativas y garantiza que se mantengan firmes y estables ante las demandas del tiempo y las necesidades ciudadanas. Con una visión de conjunto y atención al detalle, la Asamblea Nacional debe asegurar que el edificio de la administración pública no solo sea robusto y duradero, sino que también se adapte y evolucione según las tendencias modernas de gobernanza y las expectativas de la sociedad.
Como un arquitecto que contempla las futuras expansiones y remodelaciones, la Asamblea Nacional también establece los cimientos legales para el crecimiento y la reforma. Su labor legislativa incluye la previsión de espacios de adaptabilidad, permitiendo que las estructuras de la administración pública se expandan o reconfiguren según las exigencias cambiantes del contexto nacional e internacional. Al igual que los principios de la arquitectura moderna buscan la armonía entre estética, funcionalidad y sostenibilidad, las leyes creadas por la Asamblea deben buscar el equilibrio entre eficacia administrativa, justicia y el bienestar del pueblo ecuatoriano.
¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL ARQUITECTO LEGISLATIVO Y CÓMO SE RELACIONAN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
Para entender mejor a este gran arquitecto, es importante conocer cuál es su rol en el Estado, además de aquel conocido de realizar leyes, derogarlas o modificarlas, o la realización de juicios políticos. La Asamblea Nacional es la gran representante de la ciudadanía, todos elegimos a sus miembros, para que “hablen por nosotros”. El escoger a quien queremos que hable en nuestro nombre es una gran responsabilidad; pero ello podemos abórdalo en otro espacio.
Además de representarnos, la Constitución de la República en su artículo 120, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 9, indican los deberes y atribuciones que tiene la Asamblea, entre los cuales llaman la atención tres:
1. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.
2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.
3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República.
En estas actividades podemos evidenciar que la Asamblea Nacional puede hacer mucho más que expedir leyes. Puede, incluso, y como sabemos por experiencia propia, quitar Presidentes. Este organismo tiene toda la facultad de controlar y determinar el cumplimiento de funciones de otros poderes del Estado, siempre en el ámbito de control político, de lo cual hablaremos a detalle más adelante.
Pero, ¿qué roles de este arquitecto pueden tener relación con la administración púbica?; ¿cómo se entrelazan las acciones de los servidores públicos con este poder estatal?
La Asamblea Nacional de Ecuador desempeña roles fundamentales en las actuaciones de la administración pública, que se pueden resumir en los siguientes puntos:
Legislación: La Asamblea es responsable de la creación, modificación y derogación de leyes que rigen la administración pública. Esto incluye la elaboración de normativas que afectan la estructura, funcionamiento y procesos de los entes gubernamentales.
Fiscalización: Ejerce el control político sobre los actos del gobierno y la administración pública, incluyendo la revisión de políticas y programas. Puede convocar a funcionarios para que rindan cuentas y, si es necesario, iniciar juicios políticos.
Presupuesto: Aprobar el Presupuesto General del Estado es otra de sus atribuciones clave. La Asamblea revisa, modifica y aprueba la distribución de los recursos económicos que serán utilizados por la administración pública.
Control de constitucionalidad: Aunque es competencia de la Corte Constitucional, la Asamblea puede impulsar acciones que revisen la constitucionalidad de los actos administrativos y legislativos, asegurando que se respeten los principios y derechos establecidos en la Constitución.
Ratificación de nombramientos: La Asamblea participa en el proceso de nombramiento de altos funcionarios de la administración pública y otros poderes del Estado, incluyendo la ratificación o rechazo de ciertos cargos propuestos por el Ejecutivo.
Creación de entidades públicas: La Asamblea tiene la potestad de crear, modificar o suprimir entidades dentro de la administración pública a través de la legislación.
Reformas administrativas: Puede impulsar reformas estructurales para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.
Normas de contratación pública: Establece las bases legales para la contratación pública y las regulaciones para el correcto uso de los fondos del Estado en la adquisición de bienes y servicios.
Relaciones internacionales: A través de la ratificación de tratados internacionales, la Asamblea influye en las relaciones exteriores y compromisos internacionales del Estado, lo que puede afectar las políticas de la administración pública.
Descentralización y autonomía: Define y regula los procesos de descentralización y la autonomía de gobiernos autónomos descentralizados, lo que afecta directamente la administración a nivel local y regional.
LA FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: EL CONTRAPESO DE LA ASAMBLEA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Como examinamos previamente, la Asamblea Nacional, además de actuar como arquitecta normativa de este enorme rascacielos llamado Estado ecuatoriano, tiene otros deberes que le permiten revisar las actuaciones de la administración pública. Así, el Derecho Administrativo se va forjando por este gran arquitecto, no solo a través del uso y acatamiento de las normas que expide, sino también por el control que este organismo ejerce.
Aquí un paréntesis. Recordemos que el Ecuador tiene 5 poderes, o contrapesos en lenguaje jurídico:
1. El Ejecutivo (Presidente),
2. Legislativo (Asamblea),
3. Judicial (los jueces),
4. Electoral (CNE y TCE) y
5. Control Social (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social).
Todos estos poderes tienen funciones específicas, y cumplen un papel de control mutuo. La división de poderes nace de la necesidad de impedir que todas las decisiones se concentren en una sola persona, como lo que pasaba en la época de las monarquías; y, esta capacidad – o más bien obligación – de control entre sí, es producto de la necesidad de impedir arbitrariedades o abuso de poder de alguno de estas funciones estatales (cosa que era común previo a la Revolución Francesa).
Pongámoslo de manera más sencilla. Pensemos en cada poder como una miembro de una coreografía. Cada uno de ellos desempeña un paso clave. Imaginemos el Estado como una danza sincronizada, donde los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Control Social son bailarines expertos, cada uno moviéndose al ritmo de sus propias responsabilidades, pero siempre con un ojo puesto en los movimientos de los demás. Esta danza de vigilancia y equilibrio proviene de la necesidad histórica de no concentrar la música del poder en un solo director de orquesta, evitando así la monotonía de un solo mando que caracterizaba las cortes de antaño.
Ahora, una vez indicado lo anterior, continuemos.
La fiscalización administrativa realizada por la Asamblea Nacional en Ecuador busca supervisar la construcción de un edificio importante. Al igual que un arquitecto que revisa constantemente los planos y el progreso de la obra para asegurarse de que todo se esté construyendo correctamente, la Asamblea supervisa las actividades del gobierno con la finalidad de identificar si estas se están desarrollando de manera eficiente y transparente. Cada análisis y revisión de las acciones del gobierno es como verificar la calidad de los materiales y el trabajo en el edificio, asegurando que todo se ajuste a las normas y sea resistente a largo plazo. Esta supervisión, conforme indica la norma, es meramente política; es decir, no puede tratarse en la Asamblea asuntos respecto del cometimiento de delitos, o la nulidad, por ejemplo, de actuaciones administrativas, pues ello les corresponde a los demás poderes del Estado. Esta línea fina de fiscalización debe tomarse con cuidado, el control político supone la revisión del cumplimiento de las actividades y responsabilidades que son propias de cada servidor público.
En este proceso, la Asamblea no solo debería busca errores o problemas. También es como un arquitecto que reconoce y valora los buenos diseños y construcciones, promoviendo prácticas que funcionan bien. Al destacar las estrategias efectivas, la Asamblea puede ayudar a que estas buenas prácticas se repliquen en otras áreas de la administración pública. Esto contribuye a la creación de una administración más sólida y eficaz, como un edificio bien construido que satisface todas las necesidades y se mantiene en pie a lo largo del tiempo.
Por último, la fiscalización administrativa de la Asamblea Nacional implica también invitar a los ciudadanos a ser parte de este proceso de construcción y supervisión. Cada ecuatoriano puede contribuir con su punto de vista, como si aportara ideas o sugerencias para mejorar el diseño del edificio. De esta manera, la Asamblea no solo actúa como un inspector, sino también como un facilitador que permite que las voces de todos los ciudadanos se incluyan en la construcción de una administración pública robusta y confiable.
LA IMPORTANTE TAREA DE LA ASAMBLEA: LOS DESAFÍOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El papel de la Asamblea Nacional en el desarrollo de las actividades de la administración pública es, sin duda, uno de los más importantes. No solo porque delimita el marco de actuación del sector público con la creación de leyes; sino también porque tiene la capacidad de determinar si los servidores públicos las están cumpliendo, ello en representación del pueblo ecuatoriano. Existe, sin embargo, una responsabilidad gigante en cuanto a la creación de normas, que deben realizarse buscando la eficiencia, automatización, innovación y especialización del sector público, apegados a las condiciones reales del país, pensando bajo una misma bandera.
Por otro lado, ese control que ejerce este gran arquitecto no pude tomare a la ligera, ni con el propósito de someter a la función pública a situaciones personales. Su intención es determinar el cumplimiento o no de las competencias que corresponden a los servidores públicos, y no puede interpretarse como una manera de suplir a la justicia.
La tarea que tiene la Asamblea Nacional es grande. Al ser la voz de la ciudadanía debe actuar responsablemente, buscando siempre la mejora y el bienestar colectivo. Las leyes creadas, la fiscalización realizada, las normas que se modifiquen o deroguen, deben tener un sustento técnico, real, palpable, pero sobre todo realizable. No sirve de nada que en la ley se establezca un país perfecto, cuando en la práctica lo que se requiere no es económica o socialmente viable. El papel de la Asamblea es ver más allá de sus narices y crear un marco normativo aplicable, eficiente, pero, sobre todo, permanente.
